La promulgación de la prórroga de formalización minera ha despertado el rechazo y la alarma de la Defensoría del Pueblo. El organismo ya había manifestado sus críticas a esta prórroga cuando la iniciativa fue aprobada por el Congreso el 16 de diciembre. Pese a ello, el 31 de diciembre se promulgó la ley que amplía hasta el 2024 el plazo de la formalización de la minería ilegal.

Al respecto, la adjunta de la Defensoría del Pueblo en Medio Ambiente, Lissette Vásquez, refirió que les sorprendió y preocupa que el Ejecutivo no haya recogido la postura de rechazo incluso del Ministerio de Ambiente.

Resaltó que esta prórroga ocasiona un clima de impunidad en la defensa y fiscalización. “Reiteramos nuestra postura de que esta norma implica un retroceso frente a la minería informal e ilegal”, dijo a La República.

Advirtió que los mineros informales no cumplen con los requisitos de contar con instrumentos de gestión ambiental y que los mineros ilegales, en el proceso de formalización, se inscriben ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), acción que los blinda de investigaciones del Ministerio Público.

El exministro del Interior Rubén Vargas lamentó la alineación del Gobierno con el Congreso en esta norma que degrada la Amazonía. “No podemos festejar sabiendo que detrás hay explotación sexual a menores, que envenena a nuestros ríos y contamina los suelos”, señaló.

“En general lo que estamos viendo es la absoluta claudicación del poder político frente a las economías ilegales”, sostuvo y añadió que se espera el pronunciamiento de exministros del Ambiente, universidades, colegios profesionales y otros.

Dato:

Alianza para el Progreso presentó el proyecto, a la semana pasó a comisión y tres después se aprobó en el Pleno. Proceso duró 35 días en el Congreso.