La corrupción en el Perú no es un asunto aislado sino estructural. La Contraloría aseguró que la corrupción y la inconducta funcional generaron pérdidas por más de S/ 23,000 millones respecto al presupuesto ejecutado el 2019, de acuerdo a un estudio elaborado por el organismo de control.

Los cálculos señalan que alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado se habría perdido en 2019 por corrupción e inconducta funcional, siendo las tres circunscripciones territoriales regionales más afectadas: el Callao, Lambayeque y Pasco; y a nivel del gobierno nacional, los sectores de transporte y comunicaciones, salud y educación. 

El año pasado se emitieron más de 1,400 informes de control posterior y se identificó un perjuicio económico superior a los S/ 921 millones, pero advierte la Contraloría que “eso no es todo lo que se habría perdido debido a que el control es selectivo”. 

De acuerdo a dicho estudio, los sectores donde se registraron las mayores pérdidas por corrupción habrían ocurrido en los sectores de Transportes y Comunicaciones (25%), Salud (16.2%), Educación (15.6%), respecto de la ejecución presupuestal 2019 que ascendió a más de S/156,000 millones.

Por nivel de gobierno, el mayor perjuicio económico se registraría en Lima (S/10,359 millones), seguido inmediatamente por el Callao (S/1,132 millones), Piura (S/1,039 millones), Arequipa (S/ 966 millones), Áncash (S/804 millones), Cusco (S/768 millones), Junín (S/712 millones), entre otros.

La Contraloría también informó que la región Moquegua perdió durante el año 2019 más de S/234 millones como consecuencia de la corrupción y la inconducta funcional, que representa el 17.9% del presupuesto público ejecutado en dicho departamento ese año.

Por nivel de gasto, el mayor perjuicio se registra a nivel del gobierno nacional, con S/ 13 670 737 714 (debido a que concentra más presupuesto público), mientras que el perjuicio a nivel subnacional es de S/ 9 626 298 968. Sin embargo, en términos de proporción, la mayor pérdida económica está en los gobiernos subnacionales del Callao (25%), Lambayeque (21%), Pasco (20%), Ucayali (18%), Huancavelica (18.5%) y Arequipa (18.2%), señaló el contralor general durante conferencia de prensa.

“Este cálculo, producto de una extrapolación, es un punto de partida debido a que no es posible conocer exactamente las pérdidas generadas porque la corrupción no tiene un registro o contabilidad, es una actividad clandestina, por lo cual lo que se hace es dimensionarlo para conocer su magnitud y de esa manera tomar decisiones”, explicó el contralor Nelson Shack quien adelantó que en el mes de octubre se realizará un megaoperativo de control en el Callao y las otras regiones mencionadas.

A fin de contribuir a solucionar este problema en la administración pública, que se concentra principalmente en la ejecución de obras públicas, el contralor general solicitó al Congreso de la República que priorice el debate respecto a las medidas para romper el triángulo colusorio existente entre los funcionarios públicos, los contratistas y los supervisores. Asimismo, señaló que se necesita una profunda reforma política y del sistema de justicia.