Según un informe de control específico de la Contraloría, la adquisición de Petroperú habría generado un perjuicio económico al Estado por US$2.3 millones debido a que no se cobraron las penalidades que correspondían ante incumplimientos contractuales de HPO [Heaven Petroleum Operators] por ejecución parcial y retrasos injustificados. Por tanto, según la entidad, existen irregularidades en la compra de 300.000 barriles de biodiésel por más de US$84 millones a HPO.

“Se limitó la participación de proveedores internacionales, en vista de que, desde la fecha de adjudicación (11 de enero), solo se contaba con cuatro días para iniciar la primera entrega del biocombustible, imposibilitándose con ello el traslado desde el exterior del país, lo que benefició a HPO”, se señala en el documento.

Esta es la segunda compra de biodiésel durante este gobierno, luego de que la primera, realizada a fines de 2021 y en la que también resultó ganadora HPO, fuera anulada en medio de una investigación al dueño de la compañía, Samir Abudayeh, quien se reunió con el presidente Pedro Castillo justo antes de la adjudicación.