Contraloría: Estado dejó de cobrar S/10 millones por multas ambientales

Contraloría: Estado dejó de cobrar S/10 millones por multas ambientales

La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 9.9 millones  en contra del Estado debido a la demora, inacción, omisión de funciones y falta de supervisión de funcionarios y servidores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el proceso de ejecución coactiva (cobro de la deuda exigible) de multas impuestas a diversas empresas privadas por infracciones a la normativa ambiental, durante el período 2016 – 2019.

 De acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento 005-2022-2-5684-AC, que comprende el período del 3 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2019, el accionar de los involucrados ocasionó la prescripción de la exigibilidad de la multa (en algunos casos en 2019, 2020 y 2021) y con ello, la imposibilidad del cobro del importe impuesto a varias empresas.

Por este caso, se identificó presunta responsabilidad civil o administrativa de 11 personas, cinco de las cuales continúan laborando en el OEFA, que es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente.

 La comisión de control evidenció que en 2016 se produjo la suspensión indebida de los procesos de ejecución coactiva iniciado a una compañía minera, lo que devino en su prescripción por el plazo transcurrido, evitándose de este modo, el cobro de multas por S/ 5 millones. La situación se originó por el accionar «intencionado y voluntario» del ejecutor y auxiliar coactivo de suspender el referido proceso y por la falta de supervisión de la jefa de la Oficina de Administración.

En otro caso, durante el proceso de ejecución coactiva a una empresa (2018), la Contraloría «evidenció demora e inacción prolongada, así como actuar negligente de los responsables de la cobranza coactiva, quienes no efectuaron la búsqueda de la información de los bienes muebles e inmuebles de la mencionada empresa para disponer el embargo». Dicha situación ocasionó el transcurso de más de 2 años del plazo de prescripción de la exigibilidad de la multa, por lo que no se logró cobrar el importe de S/ 849,900 en perjuicio del Estado.

Funcionarios de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos no cumplieron con tramitar oportunamente 9 resoluciones directorales emitidas en 2013 y 2014 sobre imposición de multas para su cobranza coactiva, indicó la entidad. Lo hicieron en el 2017 cuando habían transcurrido entre 3 y 4 años de haber quedado firme las resoluciones, ocasionando que transcurra el plazo de prescripción y, con ello, la imposibilidad del cobro, causando un perjuicio económico por S/ 228,867. Hay más casos.

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)