La industria minera en el Perú no ha llegado a la madurez. Si así fuera, reflexiona Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la posibilidad de conflictos sociales sería baja. “Cuando una empresa llega a una zona, identifica su entorno social y abre mecanismos de diálogos. Entonces, cuanto más alto sea ese índice social, la posibilidad de conflicto baja”, dijo al suplemento Minera de Gestión.

Las comunidades no quieren ser aisladas sino integradas al proceso de valor de la actividad minera. “Proyectos como Tía María, Michiquillay o Conga no han logrado ese mecanismo, no han pasado esa puerta y la posibilidad de conflicto es alta”, insistió el presidente del IIMP.

Sostiene Rivera que en las dos últimas décadas, “las mineras han aprendido a entender su entorno y manejan mecanismos de diálogo”. Ahora bien, el papel del Estado es acompañar la relación que existe entre las empresas y las comunidades. “En el afán de proteger una comunidad, que ya tiene un puente de diálogo con la minera, se agregan más consultas que no necesitamos”, conjetura el también vicepresidente ejecutivo de Gold Fields.

Rememora el presidente del IIMP que hace treinta años las comunidades “te pedían pintar la iglesia y construir la cancha, hoy te piden contratar sus camiones e incluirlas en el ciclo de valor”.