La comunidad nativa de Camaná está ubicada en el distrito de Megantoni (La Convención, Cusco) y su jefe José Cruz Pacaya dijo que están dispuestos a cerrar las válvulas de gas de Camisea, informó el medio La República. En el 2019 ya lo intentaron. Acusan a la empresa TGP (Transportadora de Gas del Perú) y Pluspetrol (operador del Consorcio Camisea) de un supuesto incumplimiento de compromisos sociales y ambientales.

Cruz y otros dirigentes de los pueblos originarios del Bajo Urubamba se encuentran en Lima a la espera de una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “Esperamos llegar a un acuerdo porque ya hemos esperado bastante”, dijo. Uno de sus reclamos es la indemnización por los efectos del derrame que se produjo en enero del 2016.

Según el dirigente, recién el año pasado, accedieron al informe completo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que certificaría el daño. “Desde el 2016 venimos reclamando, las empresas nos dijeron que era un incidente menor, pero ahora tenemos el informe en mano que comprueba que sí hubo derrame”, subrayó. Según los comuneros nativos de Camaná, los daños ambientales afectaron su salud y sus recursos naturales. Dicen estar ubicados a 40 kilómetros del lote 88. 

Desde el 4 de marzo de 2011 hasta el 29 de febrero de 2016, el OEFA ha impuesto 7 sanciones firmes que ascienden a 3,936.47 UIT (S/14.5 millones) contra la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP), la cual opera el sistema de transporte de líquido de gas natural en Camisea, debido a la comisión de infracciones a la normativa ambiental. 

En un comunicado de marzo de 2016, el OEFA detectó “derrames que serían imputables a TGP en los años 2015 y 2016” y “respecto del derrame ocurrido en el año 2015, el OEFA dispuso el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, el mismo que se encuentra en el plazo legal para ser resuelto”. “Sobre el derrame ocurrido en el 2016, el cual presuntamente afectó la Reserva Comunal Machiguenga, los supervisores visitaron la zona en las 24 horas siguientes a la comunicación del incidente, a fin de evaluar las causas que lo originaron, el grado de afectación al ambiente y para garantizar que se realicen las acciones previstas en el plan de contingencia de TGP. La investigación sigue en curso y será resuelta en los plazos legales previstos”, comunicaron en ese momento.