La Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional del país vecino de Chile aprobó una norma que nacionaliza las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, “pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional”, impulsada por la convencional Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente) y otros independientes.

“Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes. Las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización”, se lee en el documento.

La iniciativa establece que los bienes estratégicos son “los bienes naturales como el cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras y otros minerales”.

Reacción

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) de Chile, Diego Hernández, expresó su extrema preocupación. “Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger. Con esta medida, se deroga también la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras”, afirmó Hernández.

“No se pondera el impacto que tendría una medida de esta naturaleza. Se pretende que, a través de una nacionalización, se manejará el precio del cobre, que se determina en mercados internacionales. Preocupa la falta de información detrás de la aprobación de una medida como esta”, dijo Hernández.

El titular de Sonami recordó que Chile ha suscrito innumerables Tratados Internacionales que no se pueden desconocer: “Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de globalización, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses, generando demandas en tribunales internacionales”.