Codelco, principal productora de cobre del mundo, investigada por irregularidades en contratos

Codelco, principal productora de cobre del mundo, investigada por irregularidades en contratos

La división Salvador de Codelco sigue estando en la mira de Cochilco y también del Ministerio Público chileno. Publica el medio Pulso una extensa nota en donde sintetiza lo sucedido en la principal productora de cobre del mundo. A inicios de noviembre, la Comisión Chilena del Cobre, organismo encargado de fiscalizar a las mineras estatales y que dirige Marco Riveros, entregó dos auditorías a la justicia, las que fueron realizadas durante este año y que culminaron el 25 de septiembre y el 28 de octubre recién pasado. 

Ambas tienen que ver con contratos adjudicados a Trepsa Cerro Alto y Vecchiola, en la licitación por movimiento de tierra que nació con un error de cálculo en el plan minero respecto del mineral que se debía trasladar. Y también, con el contrato San Antonio Baja Escala (SABE), debido a una serie de irregularidades en su adjudicación y donde uno de los socios, al momento de la subasta y hasta julio del año pasado, era Julián González, el exsocio del hijo de Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco entre septiembre de 2014 y el mismo mes de 2019.

Hoy, la información está siendo analizada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, donde se lleva un proceso contra Nelson Pizarro, luego de una demanda que fue presentada por Codelco en diciembre del año pasado por tráfico de influencia. A esto se suma un requerimiento por cohecho, por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en abril de 2020.

El caso, que quedó a cargo de la fiscal María Gloria Vásquez -por la salida de prenatal de Constanza Encina-, está cerca de cumplir un año, y en el cual, según indican fuentes que conocen el avance del proceso, aún no se ha podido comprobar el potencial tráfico de influencias y cohecho por parte de Pizarro. Fuentes cercanas al ejecutivo minero comentan que la fiscalía estaría a punto de cerrar todos los aspectos vinculados con la casa en Chicureo que Pizarro compró a su hijo y que pertenecía a Julián González, y por la que pagó un precio diez veces mayor al que indica el CDE en su querella.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en las más de 3.000 fojas que tiene el caso, y siempre según el medio Pulso, la fiscalía chilena ahora estaría concentrando el análisis en una nueva línea investigativa relacionada con las áreas administrativas donde se tomaban las decisiones respecto a la adjudicación y operación de los contratos con terceros, y también desde dónde se gatilló el error de cálculo del plan minero de Salvador. Esto, ya que una de las tesis que estaría investigando la justicia es que Pizarro, en su cargo de presidente ejecutivo, habría estado al tanto de todas las irregularidades.

Además, debido a la sobredimensión del contrato adjudicado a Trepsa y Vecchiola -empresa que se unió a Tepsac para ejecutar el contrato-, Cochilco estima que la cuprera tuvo un impacto económico de US$ 30 millones, cifra que nace de decisiones que fueron calificadas como innecesarias e inoportunas por parte del organismo fiscalizador. En cuanto al contrato SABE, Cochilco determinó una serie de irregularidades en su adjudicación. Algunas de ellas son que no hubo un análisis financiero del consorcio. En el análisis que hace Cochilco se desprende que, en las irregularidades detectadas, hay responsabilidades administrativas y también del directorio de la estatal. 

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)