La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) sostiene que las recientes declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, «confunden a la opinión pública sobre los planes de cierre de minas». «Solicitamos a la primera ministra que rectifique los acuerdos ilegales del acta suscrita en Cora Cora y al presidente Pedro Castillo le pedimos que sea consecuente con las declaraciones dadas a favor de la promoción de la inversión privada», remachó la entidad gremial.

«Todo proyecto minero cuenta con estos planes, los mismos que son considerados instrumentos de gestión ambiental “vivos” o “dinámicos”, pues se actualizan en función al hallazgo de recursos y su impacto en la extensión de la vida útil de las minas», manifestó el gremio empresarial más importante del país. «Lamentamos que desde la PCM se esté utilizando políticamente un instrumento técnico que debe manejarse conforme a las leyes que aplican a la industria».

Ayer, las mineras que operan en Ayacucho, como Ares, Apumayo y SAMI, manifestaron que el anuncio de la premier ocasionará que más de 54,000 familias peruanas pierdan sus puestos de trabajo.

En otro pasaje de su comunicado, el gremio empresarial cuestionó la actitud de la funcionaria pública por avalar la violencia. «Es preocupante las acciones de la primera ministra que normalizan y justifican la violencia. Los mensajes erráticos y contradictorios del Gobierno continúan generando inestabilidad, incertidumbre y falta de predictibilidad», dijeron.

La Confiep, el gremio empresarial que agrupa a las empresas más poderosas e influyentes del país, señaló que el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras ubicadas en Ayacucho solo «vulneran el Estado de derecho, al atribuirse la Primera Ministra facultades que no le corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, por ser competencia exclusiva de otras entidades públicas competentes».