La estrategia de gestión del ministro de Energía y Minas, Luis Incháustegui, en una entrevista concedida al diario Correo, pasa primero por concentrarse en que los proyectos extractivos tengan «aceptación social» y cierren brechas sociales porque «la actividad minera u otra actividad extractiva cuando entra a una zona genera gran expectativa entre la población y sus gobiernos locales» y «creen que una nueva inversión puede resolver todas sus necesidades, cerrar brechas» y «algunas empresas mineras afirman que eso es responsabilidad del Estado» y esto es «lo lógico, pero en la realidad no ocurre esto».

A juicio del ministro, es difícil para el Estado estar en todo el país, «porque mientras no se cierren brechas se generarán conflictos» y si bien «las empresas cumplen con lo que le corresponde» y el Estado hará todos sus esfuerzos para estar allí, «no podrá resolver solo». Y añadió: «Hay la idea de que si yo transfiero dinero a las regiones se resuelven las necesidades y, lamentablemente, el tema no es el dinero sino cómo hacer que los recursos que generan los minerales se transformen en desarrollo».

En otro pasaje de la entrevista afirmó que «lo que no pueda resolver el Estado, el privado puede ayudar; si la calidad de vida de una comunidad no mejora será difícil el desarrollo de una industria».

Según el ministro Incháustegui, hay ejemplos en Perú de empresas que «no solo aportan con sus impuestos, también ponen fondos adicionales porque tienen claro que el foco es resolver las necesidades en el tiempo más corto posible».

El funcionario matizó que esta no es una crítica «a la empresa que invierte pero creo que el mundo ha cambiado y hay un nuevo paradigma, que indica que una empresa extractiva tiene que ayudar a su entorno». 

Perú cuenta con US$ 498 millones en la cartera de 64 proyectos de exploración en el 2020, principalmente de oro y cobre, y un portafolio de proyectos por US$57,772 millones. Para acelerar estos desembolsos, el ministro propone, en el caso de la consulta previa, que cuando la comunidad haga la consulta también las empresas estén presentes. Incluso se plantea que cuando el nivel de exploración es mínimo, la empresa puede dar una garantía para iniciar los trabajos. 

«Es una propuesta que la evaluaremos y la vamos a implementar», zanjó el funcionario. «Haremos que en el área del Viceministerio de Minas se evalúe cómo seguir optimizando los procesos para hacerlos más cortos, pero sin perder el vigor en el tema ambiental y el cumplimiento de las normas legales».