Para Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de MMG Las Bambas, quien participó en el 14° Simposium del Oro, Plata y Cobre que organiza la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, es importante identificar, investigar y sancionar a aquellas personas que están haciendo negocios con los conflictos sociales. «Tiene que haber un nuevo orden. No pueden coexistir el diálogo y la impunidad, tiene que respetarse la ley», dijo.

Aún persiste la invasión de los terrenos de Las Bambas por parte de la comunidad de Huancuire, que lleva ocupando ilegalmente parte del tajo Chalcobamba, que forma parte de la mina ubicada en la región Apurímac. El pasado 14 de abril, las comunidades de Fuerabamba y Huancuire invadieron diversas áreas de Las Bambas, lo que obligó a la paralización total de las actividades productivas de la tercera productora de cobre del país.

Tras condenar los violentos hechos de violencia, que se registraron en los últimos días en Las Bambas, donde fueron atacados trabajadores y policías, así como se destruyeron equipos y maquinarias, el 27 de abril solo se retiraron de los terrenos invadidos los comuneros de Fuerabamba tras la intervención policial.

Desde la SNMPE dijeron que es dramática la situación que afrontan los más de 8,000 trabajadores y proveedores de Las Bambas, que por esta medida de fuerza corren el riesgo de perder sus empleos, porque bajo estas condiciones es imposible que la mina pueda reanudar sus operaciones.

El impacto de la paralización de Las Bambas significa que el Perú deja de percibir al día S/5.2 millones por canon y regalías, así como otros US$9.2 millones por exportaciones de cobre, y además afecta a 75,000 familias que se benefician de puestos de trabajo inducidos por la presencia de Las Bambas.

«Al Gobierno le falta decisión política para resolver los conflictos sociales»,  señaló Beatriz Alva Hart, ex viceministra de Trabajo durante el panel «La Gobernanza y los Conflictos Sociales». También indicó que la actual administración gubernamental está tomando decisiones sin evaluar su impacto sobre la población, como, por ejemplo, el decreto supremo que elimina la tercerización, que afectará el funcionamiento de los proyectos mineros y además repercutirá en los programas de responsabilidad social que tienen las empresas para el sistema de generación de empleos y proveedores locales. «¿Qué va a pasar con estas empresas locales cuando no puedan prestar servicios a las mineras, habrá nuevos conflictos?», se preguntó.

Paola Bustamante, consultora independiente en gestión de organizaciones, negociación y políticas públicas, resaltó que la conflictividad siempre existirá, pero hay que gestionarla. «Hay que tener un sistema de gestión de conflictos. Y hay que evitar que se traslade al sector privado la resolución de los conflictos». Señaló que es importante que en la búsqueda de soluciones participen todos los actores involucrados, autoridades locales, regionales, líderes legítimos y los representantes del Gobierno.

Para Ivan Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, es necesario corregir la estructura de gobernanza. Fernando Castillo, consultor en gestión social, considera que «con todo lo que está pasando en el sector minero es casi seguro que volveremos a caer en el próximo estudio del Instituto Fraser, de atractividad en la inversión minera».