Por Miguel Incháustegui, ex viceministro de Minas y actual director de Cañariaco Copper Perú

Más colaboración y menos discusión entre los principales actores ayudaría a desarrollar una minería sostenible en el Perú. Pareciera que ahora, debido a la terrible situación social y económica que estamos pasando ocasionada por el padecimiento de la pandemia COVID-19, la solución pasaría porque los proyectos mineros se reactiven y que el Gobierno sea consciente de eso y los promueva con toda la energía posible. Incluso se sugiere que ya no se discuta si las empresas deben lograr la llamada «licencia social» para operar porque se afirma que la única licencia social para operar debe ser el cumplimiento de la ley.

Estas reacciones podrían ser entendibles en un país que no haya tenido experiencias traumáticas generadas por grandes conflictos sociales y, por ello, no hubieran tenido la oportunidad de obtener lecciones aprendidas con relación al inicio y operación de los proyectos mineros. Lamentablemente, nuestro caso demuestra justamente que no estamos aprendiendo de nuestros errores, que seguimos subestimando los grandes problemas de desconfianza que existen entre los actores relacionados con la actividad minera y seguimos creyendo que con un gobierno supuestamente fuerte se podría imponer la ejecución de los proyectos mineros. 

Adicionalmente, tengo la impresión de que estamos yendo en contra del nuevo paradigma que se está dando con relación a las actividades extractivas en el mundo, parecería que no quisiéramos que la minería sea el catalizador del desarrollo y que no quisiéramos trabajar para lograr que la minería genere valor para todos los actores y, de esa forma, lograr contar con una industria sostenible. 

Todo esto lo digo en condicional, porque estoy seguro de que ese no es el sentir de la mayoría de actores relacionados con la actividad minera, ya que existen muchas iniciativas que se han realizado para promover los consensos. Una de estas iniciativas es el trabajo realizado por la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, la cual fue creada en octubre del 2019 y ha entregado su informe final a la Presidencia del Consejo de Ministros en febrero de este año, en el cual, dentro de muchas iniciativas innovadoras, ha ratificado la necesidad de que en el Perú se debe formular una política de estado para el sector minero, y que esta sea desarrollada a través del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero – Energéticas o  Rimay.

Rimay no aspira a ser un espacio multiactor más, anhela convertirse el centro de convergencia de todos los actores relacionados con la actividad minero – energética. Su afán es constituirse en el espacio multiactor en donde los principales actores relacionados con dicha actividad (sociedad civil, academia, autoridades y líderes empresariales) sigan impulsando no solo cómo desean que sea la minería al 2030, sino cómo aspiran ejecutarlo, ahora más que nunca,  las siete actividades que se priorizaron y que realizándolas se podría lograr una minería inclusiva, integrada social y territorialmente, ambientalmente sostenible y que logre desarrollarse en un marco de buena gobernanza.

La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, en mi opinión, ha confirmado y resaltado el trabajo que se ha logrado en Rimay y está sugiriendo no solo crear una política para sector el minero en el Perú, sino continuar el camino hacia una minería sostenible, la vía a un mundo sostenible.  

Este camino hacia una minería sustentable tiene que comprometer a  todos los actores y  la situación actual demanda una actitud positiva de su parte y con mucha empatía, poniéndose no solo en los zapatos del otro, sino en el corazón y en la mente del otro, y con esa actitud, estoy convencido que no solo se podría escuchar mejor sino es seguro que también se lograría realizar los consensos que son necesarios para implementar las iniciativas que ha propuesto la Comisión.

Por ejemplo, se podría promover la construcción de una «visión territorial del desarrollo» en alguna región del Perú, en donde luego de un amplio debate entre todos, se decida la mejor forma para promover el desarrollo del territorio. Si esa promoción del territorio que incluye el desarrollo de una  minería sostenible  que incluya, entre otros aspectos,  se establezcan además metas e indicadores para el cierre de las brechas que existan en dicha región, estaríamos avanzando hacia un mundo sostenible, caminando juntos hacia lo sustentable.

El mundo actual, con el COVID -19 entre nosotros pone los temas de sostenibilidad en una urgente revisión y exige que todos los actores tengan una diferente actitud, que no aguarden ser convocados sino que impulsen el inicio de los proyectos que hagan, en el corto plazo, lograr que la actividad minera sea sostenible. 

En esa idea, invoco a que el sector privado y la sociedad civil no sigan esperando a ser convocados por el sector público para colaborar e iniciar una reflexión más profunda, ahí tenemos lo que propone la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, la construcción de la «Visión de la Minería al 2030», la ejecución en forma compartida de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas, la agenda para una gestión sustentable del agua, la cuenca y la minería (esfuerzo multiactor del 2011), entre otras iniciativas que existen y podrían ser retomadas para lograr no solo plasmar una política de estado para el sector minero, sino generar un punto de encuentro, y de esa forma iniciar el camino para que la actividad minera sea, en una forma más rápida, el catalizador del desarrollo, y lograr la ejecución del sueño de ver a una minería aliada del desarrollo responsable del Perú y un importante apoyo para lograr un mundo sostenible. Concluyo con una frase que siempre me inspira y que le pertenece al líder mundial Nelson Mandela: «Es muy fácil romper y destruir. Los héroes son aquellos que hacen la paz y construyen».

Esta columna aparece en nuestra edición digital.