Durante un operativo de control regional en Cajamarca, la Contraloría sostiene que “se evidenciaron irregularidades en la obra de rehabilitación de caminos vecinales en el distrito de San Juan de Cutervo, las cuales ocasionaron un perjuicio económico de S/1.096.118” y añade que “ocho funcionarios de la actual gestión tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa”. Según el Informe de Control Específico N° 046-2020-2-0372-SCE, la comisión auditora detectó que funcionarios de la entidad otorgaron la buena pro y suscribieron un contrato con el consorcio ganador, pese a que este no presentó los documentos obligatorios para su suscripción. La obra debió ejecutarse en el marco de la Reconstrucción con cambios en los caminos vecinales de San Juan-Santa Cruz de la Succha, Amachonga-La Conga y San Juan-El Paraíso.

La entidad evidenció que el apoderado de una de las empresas consorciadas negó formar parte del consorcio ejecutor, desconociendo las firmas consignadas en la documentación presentada durante el procedimiento de selección. En el servicio de control posterior, los auditores determinaron que la entidad otorgó la buena pro al consorcio supervisor, el cual tampoco cumplió con presentar la documentación obligatoria para el perfeccionamiento del contrato. 

Durante la ejecución de la obra, la entidad y el consorcio supervisor aprobaron valorizaciones carentes de sustento técnico y legal, las cuales no fueron pagadas por haberse resuelto el contrato de la ejecución de la obra, por incumplimientos contractuales del consorcio ejecutor Cuando se resolvió el contrato, la entidad aprobó la liquidación de la obra, la cual consideraba la valorización de partidas con metrados no ejecutados por S/192.080; además no se consideró el cobro de una penalidad por S/39.756.

La Contraloría también determinó que la entidad no ejecutó la garantía de fiel cumplimiento presentada por el consorcio ejecutor, impidiendo que la entidad sea indemnizada por los daños y perjuicios por S/864.281, debido al incumplimiento de las obligaciones del contratista. La Contraloría General puso en conocimiento de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Sede Lambayeque el informe de control específico para que inicie las acciones legales contra los funcionarios que estarían involucrados en estos hechos.