La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/6.8 millones en la ejecución del “Mejoramiento de la carretera San Ignacio-Rumipite, Tramo I Cruce Tamborapa-La Coipa”, ocurrido en la gestión anterior de la Municipalidad Distrital de La Coipa (región Cajamarca), debido a la deficiente ejecución de la obra, pago repetido de partidas y la aprobación de adicional de obra con precios incrementados.

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 10377-2021-CG/GRCA-AC, que comprende el período del 1 de setiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018, se  identificó la presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa de 10 ex funcionarios del municipio.

La comisión auditora evidenció que el expediente técnico fue aprobado con partidas sobredimensionadas relacionadas a la construcción de cunetas de tipo I, subpartida concreto, las que fueron ejecutadas con un mayor costo y que ocasionó un perjuicio económico de S/831,031.

Asimismo, el comité de selección aceptó la propuesta de consorcio ejecutor pese a que parte de su equipamiento no cumplió con los requerimientos exigidos, tales como: camión cisterna, tractor de oruga y excavadora con oruga. 

“Tampoco se cauteló la vigencia de la garantía de adelanto directo (carta fianza), la que se anuló mucho antes de su fecha de vencimiento, generando que la obra se haya quedado sin respaldo financiero, y posteriormente se aceptó una carta fianza carente de autenticidad”, refirió la Contraloría en una nota de prensa. 

Asimismo, se autorizó el pago de tramos ya pagados correspondientes a la partida: “Construcción de cunetas tipo I”, ocasionando un perjuicio económico equivalente a S/153,487.

La entidad afirma que se aprobó un adicional y deductivo de obra, como trabajos en base granular (capa de materiales seleccionados), pese a que no existía la necesidad de modificar la partida, retirando obligaciones contractuales a favor del contratista e incrementando sin sustento los costos unitarios de las subpartidas, ocasionando un perjuicio a la entidad de S/804,306.

La comisión de control también evidenció que el supervisor de obra y funcionarios no verificaron la correcta ejecución de la carretera, la cual presenta deterioro prematuro por el incumplimiento de exigencias contractuales en las labores de compactación, lo que ocasionó un perjuicio económico ascendente a S/ 4 millones.

Finalmente, la entidad no observó la falta de integrantes del equipo técnico, ni el reemplazo del especialista de suelos por otro profesional que no reunía el perfil. Dicha situación generó pérdidas a la entidad por un monto de S/949,480 debido a que no se aplicó la penalidad, ni deducción de gastos generales.