En un nuevo despacho, la agencia Bloomberg informa que en el Congreso de Chile, se están filtrando propuestas radicales de los delegados a la Convención Constituyente “que podrían rehacer fundamentalmente la sociedad y la economía y alejar a los inversores”. Uno de los más controvertidos hasta ahora, y hay más por venir, ofrece un veto a los grupos indígenas para cualquier asunto o cuestión que afecte sus derechos.

“El artículo requiere el consentimiento de los indígenas para casi todo”, dijo. “Podría detener una tonelada de proyectos de desarrollo”, dijo Fuad Chahin, delegado y expresidente del partido Demócrata Cristiano, al citado medio.

Tres delegados, que hablaron bajo condición de anonimato, reconocieron que el mero ritmo de trabajo podría conducir a descuidos, y dos indicaron que algunos habían respaldado el artículo indígena sin darse cuenta completamente de lo que decía. Esperan que el comité final de «armonización» encargado de eliminar las contradicciones en el texto pueda detenerlo de alguna manera.

Durante tres décadas, mientras Chile disfrutaba de una reputación de crecimiento y estabilidad de libre mercado, la ira por la desigualdad roía silenciosamente el tejido social. A fines de 2019 estallaron manifestaciones violentas. Ahora, con la redacción de una nueva constitución y la entrada en funciones del gobierno más joven e izquierdista, el panorama es incierto.

A juicio de Bloomberg, en el proceso de votaciones plenarias que están asustando al mercado “hay artículos que nacionalizarían las industrias minera y del litio, prohibirían la minería y la silvicultura en tierras indígenas, reemplazarían al Senado y rediseñarían los derechos de propiedad privada”.

Además de todo lo demás, la convención se está quedando sin tiempo, dijo Credicorp en una nota reciente. Buscar una extensión del Congreso “podría debilitar la aprobación pública de la convención y aumentar la probabilidad de rechazo”. Y dado que la mayoría de los delegados se inclinan hacia la izquierda, más tiempo no conduciría necesariamente a la moderación.

El público, que votó a favor de esta reescritura, está expresando su preocupación. Aquellos que aprobarían el texto final con base en lo que saben ahora han disminuido a 47% desde 56% en enero, según una encuesta de Cadem.

Los principales periódicos, la mayoría con vínculos con los partidos de centro-derecha y de derecha y el establecimiento económico, están inundados de columnas editoriales que expresan su preocupación.