El Gobierno reafirma su «absoluto e irrestricto respeto a los derechos fundamentales, al marco constitucional y legal vigente y a la libertad de empresa» comunicó recientemente la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). «En ese marco, y en relación a los últimos sucesos, descartamos el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes», dice el comunicado. 

Las empresas mineras, afirman, pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente. «Las autoridades competentes deberán evaluar dichas solicitudes de acuerdo con la legislación, debiendo cumplir con los procesos de participación ciudadana y transparencia establecidos por ley», explicaron.

Los planes de cierre (progresivo, final, y poscierre) y sus modificaciones, presentados por las empresas y aprobados por las autoridades competentes se gestionan y controlan por el Estado de acuerdo con la normativa vigente de forma que el cese de actividades se efectúe dentro de un marco ambiental sostenible.

«Desde el Ejecutivo reiteramos nuestro rotundo rechazo a la violencia en todas sus formas, venga de donde venga, pero reconocemos el legítimo derecho a la protesta social», dijeron.

El Gobierno busca promover un nuevo enfoque para el relacionamiento activo y positivo entre las empresas mineras y las poblaciones de las áreas de influencia, con el fin de atender las preocupaciones de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.