Luego de los lamentables sucesos en Espinar, en la que manifestantes de la provincia reclaman un “bono solidario” de S/1.000  que provendría del Convenio Marco, la minera Antapaccay comunicó que han podido restablecer la dotación de servicio de agua potable para la comunidad de Tintaya Marquiri y el sector Cocareta “afectados con la destrucción” de la estación de bombeo de agua Camaccmayo.

Sostiene la empresa que la estación Camaccmayo fue “incendiada por un grupo de manifestantes el 22 de julio” y que los “urgentes”  trabajos de reparación demoraron 48 horas.

“Considerando la importancia de este servicio vital, nuestra empresa ha realizado esfuerzos denodados en la ejecución de las reparaciones a los daños causados para restablecer el servicio en el más breve plazo posible”, comunicó la minera.

Con relación a la suspensión del viaje de Cusco a Espinar de la comisión de alto nivel designada por el Gobierno para articular el diálogo, Antapaccay lamentó que la “persistencia de las condiciones de inestabilidad social” y reiteró su disposición para entablar las conversaciones.

Desde el 15 de julio, los moradores de los ocho distritos de Espinar acatan un paro indefinido contra la empresa minera Glencore-Antapaccay, a la que exigen el pago de un bono de S/1.000 para cada adulto elector debido a la crisis económica y sanitaria ocasionada por el COVID-19. El costo estimado de esta medida bordea los S/50 millones.

La empresa se ha mostrado en desacuerdo con la entrega del bono en efectivo dado que “no cumple con el objetivo de financiar el desarrollo sostenible” que establece el documento. Teresa Charca, superintendenta de Comunicaciones de Antapaccay, explicó al diario El Comercio que “si se destinara estos S/50 millones para el bono por elector, de hecho se afectarían otros proyectos (…) Hay una serie de criterios para aprobar los proyectos que se estaría vulnerando eso si esta iniciativa se aprueba”.

El lunes 20 de julio, dos camiones que circulaban por la ruta que cruza Espinar fueron apedreados y quemados. Estos vehículos pertenecen a contratistas de la minera Las Bambas, quien en un comunicado aseguró que los culpables fueron un grupo de protestantes. Estos, sin embargo, dijeron que se trata de infiltrados.