Antamina anunció que culminó “con éxito” la mesa de diálogo junto a la Comunidad Campesina de Aquia, ubicada a 60 km de la mina que opera la empresa en la región de Áncash. Acaso el principal acuerdo haya sido el compromiso de la minera de archivar las denuncias contra los dirigentes de Aquia y Puerto de Huarmey, además de instalar una oficina de enlace y de mejorar el servicio de internet en la zona, en beneficio de los niños y jóvenes, según el acta. “La reunión junto a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como representantes de la comunidad, se realizó en buenos términos”, indicó la minera. “Prevaleció el diálogo, la paz social y el entendimiento”. A la reunión con Aquia asistió el CEO de Antamina, Víctor Gobitz, además de diversas autoridades gubernamentales.

Según el Artículo 200° del Código Penal, se sanciona el delito de extorsión a quienes, con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos, con el objeto de obtener de las autoridades beneficios o ventajas.

Los bloqueos de una vía pública perjudicaron a la empresa, que tuvo que soportar pérdidas diarias en ingresos entre US$10 y US$14 millones la semana pasada. Para Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sostuvo que la protesta no tenía asidero legal. “Ellos reclaman usurpación de terrenos y Antamina legalmente adquirió esos terrenos hace 20 años”, señaló.

El presidente de la Comunidad Campesina de Aquia, Adán Damián Gamarra, saludó la presencia de las autoridades de Gobierno y representantes de la empresa minera, y manifestó que ellos también apuestan por la inversión privada. Este mensaje contradice lo que días antes manifestaba en redes sociales el dirigente local pues Adán Damián Gamarra amenazó con radicalizar su protesta incluso con la muerte de campesinos y de los propios empleados de la compañía. “Hoy les decimos, retírense. Si vamos a tener que morir, lo vamos a hacer, pero nos vamos a llevar a algunos de ustedes también”, dijo en un video publicado en Facebook el 25 de octubre. Hace poco más de una semana, Antamina decidió paralizar sus operaciones porque no hay “garantías”, dijeron, para operar con normalidad. Ahora preparan el arranque de sus habituales operaciones.

Víctor Gobitz explicó que el conflicto en Aquia se inició desde el cambio del presidente de la comunidad, que pretende desconocer los acuerdos firmados. “Antamina tiene un concentraducto que permite transportar los concentrados, el producto final, de 4.200 metros de altura hasta la costa. Para eso hay una infraestructura de 300 kilómetros que cruza un número importante de comunidades. En todas ellas se llegaron a acuerdos y se compraron terrenos y específicamente en Aquia que está ubicado a 60 kilómetros de las operaciones mineras, debajo en un sector es una población de 1.200 personas”.

El mineroducto de Antamina atraviesa 29 comunidades distintas, una de ellas es Aquia. Los comuneros afirman que la minera ha “usurpado” sus terrenos. Antamina refiere que ese tramo del mineroducto se construyó debajo de una carretera que la misma empresa edificó.

Los ataques ideológicos contra Antamina también provinieron de funcionarios como el ministro de Justicia Aníbal Torres. El ministro Torres sostuvo que se debe conocer si los accionistas de la empresa están vinculados a grupos opositores al gobierno de Pedro Castillo. “Se debe conocer quiénes son los accionistas de esa empresa, no vaya a ser que ahí existan personas que están dentro de ese grupo de empresarios que quieren vacar al presidente”, indicó a Canal N. Luego se retractó. Los accionistas de Antamina son grandes empresas del sector minero: la anglo-australiana BHP Billiton (33.75%), la suiza Glencore (33.75%), la canadiense Teck (22.5%) y la japonesa Mitsubishi (10%). “Ante la aclaración sobre los accionistas de Antamina, retiro la declaración que formulé anoche en un programa periodístico y reafirmo que el diálogo es la única manera para resolver los conflictos en el país”, dijo el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Las protestas en Aquia no fueron las únicas a las que tuvo que hacer frente la empresa. El pasado viernes 29 de octubre, un grupo de personas, residentes del Puerto Huarmey, protagonizó actos violentos en la garita de ingreso a Puerto Punta Lobitos (PPL), el puerto de embarque de Antamina. Según la empresa, este grupo fue liderado por su Junta Vecinal local. Afirma la minera que estas personas “agredieron a los policías presentes en el lugar para brindar garantías, así como a vigilantes y algunos trabajadores”. “Solicitamos a las autoridades su atención y apoyo. El país no necesita de violencia. El Perú necesita seguir avanzando”, refirió la compañía asentada en la región de Áncash.

Antamina es vital para la economía peruana en general y de la región Áncash en particular. Genera empleo para más de 10.000 personas. Eso significa que alrededor de 50.000 peruanos están relacionados con el devenir de la empresa controlada por BHP, Glencore, Teck y Mitsubishi. El 50% del PBI de Áncash yace en las espaldas de Antamina.