Áncash, región en la que predominan los conflictos socioambientales vinculados a la minería

Áncash, región en la que predominan los conflictos socioambientales vinculados a la minería

El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) reveló que la región Áncash sigue encabezando el ránking de conflictividad social, predominando los conflictos socioambientales y los vinculados a la minería.

En el caso de Cajamarca, destaca que la empresa Yanacocha anunció intenciones de retomar el proyecto Conga en el marco de buscar consolidar a la región como un “gran distrito minero”. Mirtha Vásquez, directora de Grufides, explicó que las empresas mineras de los proyectos Michiquillay, Galeno y Conga buscan que se ejecuten los tres a la vez para reducir costos. “Las compañías plantean construir instalaciones comunes que sean aprovechadas por estos tres megaproyectos y generaría una mejora en la producción. ¿Qué significa socialmente esta propuesta? Levanta una gran preocupación en Cajamarca porque significaría un megaimpacto”, acotó.

En Apurímac, el Gobierno ha vuelto a prorrogar el Estado de Emergencia en el corredor minero, restringiendo los derechos ciudadanos y convirtiendo esta medida supuestamente “excepcional” en la manera normal en que operan las empresas mineras en la zona. Al mismo tiempo, no se resuelven las demandas de fondo de las comunidades relacionadas con los impactos del transporte minero en una vía afirmada en la que transitan diariamente alrededor de 300 camiones de carga pesada.

En un año caracterizado por la turbulencia política, se han registrado alrededor de 200 conflictos sociales cada mes, aunque los mismos han sido de baja intensidad y sin grandes estallidos sociales. Sin embargo, el OCM alertó que tras el cierre de un ciclo marcado por la confrontación política entre el Ejecutivo y el Legislativo y los temas de la lucha contra la corrupción, se abre la agenda social y ambiental pendiente.

El 2019 podrían resurgir escenarios de fuerte conflictividad social si no se aborda oportunamente esta agenda pendiente, más aún si el Gobierno pretende insistir con proyectos que causan gran rechazo en la población local, tal como ocurre en los casos de Tía María (Arequipa), Cañariaco (Lambayeque) y  Río Blanco (Piura).

Sobre este último proyecto, el representante de Fedepaz, David Velasco, advirtió que ya existen procesos judiciales producto de conflictos sociales. “A propósito de las protestas que hubo en el proyecto minero Río Blanco se dieron una serie de afectaciones a campesinos en la zona. Se solicitan penas de 25 a 10 años para alrededor de 150 policías. El caso se ha enviado a Lima. Esperamos que el intento de la empresa de iniciar sus actividades de exploración no genere conflicitividad en la zona”, afirmó.

 

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)