Edgar Rivera, alcalde de Islay, ha concedido una entrevista al diario La República. Trabajó codo a codo con la empresa privada, sobre todo con Southern, propietaria del proyecto Tía María, para enfrentar la pandemia. Su decisión ha sido cuestionada por grupos antimineros e incluso por los alcaldes del valle de Tambo, en Arequipa. 

Rivera es un alcalde de una provincia donde hay grupos que se oponen al proyecto Tía María, (US$1,400 millones) pero refiere que Southern le “abrió las puertas” como Tisur, Kallpa y otras durante la emergencia por la pandemia. “No pedimos dinero, pedimos que nos contraten personal de Salud, camionetas para enfrentar la pandemia. Como servidores públicos tenemos que hacer lo que nos compete”, dijo.

Rivera admitió que “es cierto que la actividad minera causa temor en la provincia”. “Hemos tenido paros en 2011 con 4 muertos, además se incendió la Municipalidad, el terminal terrestre, casas saqueadas, igual en el 2015 por el mismo proyecto (Tía María)”, recapituló. “Nunca voy a decir que estoy a favor o en contra del proyecto. Nunca cambié de postura, tampoco tomé la bandera de agro sí, mina no. Como autoridad local no tenemos facultad ni para dar licencia social ni de funcionamiento”.

El presidente Pedro Castillo, durante la campaña electoral y al asumir su mandato, ha sostenido que no le dará su apoyo al proyecto minero Tía María, a pesar de que cuenta con los permisos exigidos por la ley peruana para ser ejecutado y utilizará agua de mar en su proceso productivo, como Mina Justa, un proyecto que hace algunos meses arrancó sin mayores sobresaltos en la región de Ica.

En un momento en el que el desempleo ha subido a niveles de un lustro atrás o más debido a la pandemia, Rivera entiende que Tía María es una inversión importante para la región de Arequipa. “Es cierto que la minería nos impulsaría económicamente, pero no me compete decidir si va o no”, dijo, para luego admitir que ningún proyecto en su localidad tendrá el impacto económico de Tía María “pero nosotros necesitamos paz social”.

Afirma que no es antiminero, pero refiere que “desde Lima quieren obligar [a la provincia] a aceptar el proyecto, sin solucionar los problemas del agua contaminada del río Tambo, falta de una represa, cuando ellos se involucren y ayuden a solucionar”.