Si el Ejecutivo consigue imponer el decreto supremo D.S. 001-2022-TR, que prohíbe la tercerización laboral en actividades neurálgicas de las empresas, miles de empleos estarán en riesgo. “Esto va a afectar el empleo de 70.000 o 80.000 trabajadores porque en minería la tercerización es muy elevada”, apuntó Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú (Acomipe), institución que aglutina al 70% de la fuerza laboral del sector minero. De los 246.895 trabajadores que laboraban en minería hasta julio pasado, la gran mayoría, 174.383 (el 70,6%), corresponden a la modalidad de contrata.

La aplicación irrestricta del D.S. 001-2022-TR, puesto en vigor el 23 de agosto pasado, ocasionará que este universo se reduzca a casi la mitad, porque “se sabe por experiencias similares ocurridas en otros países, como Ecuador, Bolivia y México, que las empresas mineras no van a incorporar más de 20% de contratistas en planilla”, dijo Bernal al diario El Comercio. “Esto (la aplicación de la norma) va a impactar la gestión de las operaciones mineras, que se encuentran a cargo de los contratistas especializados. Va a trastocar todo, y a incrementar la informalidad porque los contratistas despedidos tendrán que buscar su sustento en la minería informal”, agrega Bernal.

Acomipe presentó en marzo pasado una acción de amparo contra la norma (emitida en febrero). A la fecha, las empresas y colectivos mineros han presentado cerca de mil acciones legales, entre acciones populares, acciones de amparo, barreras burocráticas y medidas cautelares, muchas de las cuales han sido favorables a las empresas mineras.