Durante años, la historia del Perú fue la de una lucha exitosa contra la pobreza.Año tras año, las cifras bajaban: de un 59% en el 2004, hasta llegar a su punto más bajo de 20% en 2019. En ese camino, cerca de 10 millones de personas salieron de la pobreza, impulsadas principalmente por el crecimiento económico, de acuerdo con el Banco Mundial.
Sin embargo, según un análisis realizado por la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), la pandemia rompió la tendencia de reducción de la pobreza y, desde entonces, la aguja no ha logrado moverse con la misma fuerza.
Hoy, el 27.6% de los peruanos vive en situación de pobreza, según el INEI. Es el mismo nivel registrado en 2011, lo que implica que más de una década de avances se ha revertido. En este contexto, la reducción de la pobreza vuelve a posicionarse como uno de los principales desafíos para el próximo gobierno.
Oswaldo Molina, economista y director fundador de REDES, explicó que esta situación no es solo coyuntural, sino que responde a problemas estructurales que ninguna gestión ha logrado resolver.
“Estamos frente a un estancamiento en la reducción de la pobreza, más rígido y mucho más difícil de romper. La pobreza de hoy ya no es la de hace quince años: es más compleja, más urbana y más persistente. Sin embargo, el Estado sigue respondiendo con herramientas diseñadas para otra realidad, lo que reduce la efectividad de las políticas y nos impide dar el siguiente salto”, advirtió.
De acuerdo con Molina, la pandemia marcó un punto de quiebre en la evolución reciente de la pobreza en el Perú. No solo detuvo los avances previos, sino que cambió la composición del fenómeno, que dejó de ser principalmente rural para adquirir un carácter cada vez más urbano.
Hoy, la pobreza se concentra mayoritariamente en las ciudades. En 2019, el 57% de la población pobre vivía en zonas urbanas; para 2024, esa proporción se elevó a 73%, según el INEI. Este cambio obliga a repensar las políticas públicas, ya que la pobreza urbana responde a dinámicas distintas.
“Los programas sociales han cumplido un rol importante en la reducción de la pobreza rural, pero su impacto en las ciudades es más limitado. La pobreza urbana tiene una naturaleza distinta: se concentra en el empleo informal, en la débil integración al mercado laboral y en un costo de vida más alto, sin redes de soporte como la agricultura o la organización comunitaria. Por ello, la respuesta debe ir más allá de las transferencias y avanzar hacia una agenda estructural que incluya formalización del empleo, mejor conectividad entre zonas periféricas y centros económicos, y acceso adecuado a servicios básicos”, subrayó el especialista.
El primero es rediseñar y ampliar los programas sociales para responder con mayor rapidez a los hogares que han caído recientemente en pobreza, aun con los retos de focalización y recursos que ello implica. Asimismo, se requiere consolidar un sistema de protección social más integral, que no solo alivie la pobreza, sino que reduzca la vulnerabilidad de las familias frente a choques económicos y sociales.
“Es importante fortalecer la capacidad del Estado para responder ante crisis mediante mecanismos más ágiles y sistemas de información más robustos, que permitan actuar con rapidez frente a eventos como crisis sanitarias o desastres naturales recurrentes. Sin embargo, este esfuerzo debe ir de la mano de un crecimiento económico sostenido, ya que sin una expansión de la actividad productiva es difícil generar empleo de calidad y reducir de manera duradera la pobreza”, dijo Molina.
