El Gobierno publicó un Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial, financiera y operativa de Petroperú, con el objetivo de salvaguardar su sostenibilidad financiera, garantizar la continuidad de sus operaciones y asegurar el abastecimiento de combustibles en todo el país, especialmente en las regiones más alejadas donde la empresa tiene mayor presencia.
La norma responde a la compleja situación financiera que enfrenta la empresa estatal, caracterizada por pérdidas acumuladas, altos niveles de endeudamiento y restricciones de liquidez que comprometen su capacidad operativa. Entre 2022 y 2024, el Estado brindó apoyo financiero a Petroperú por un total de S/ 17,888 millones, cifra que supera los presupuestos anuales de sectores como salud y educación. A ello se suma que, a octubre de 2025, la empresa registra pérdidas netas por S/ 1,611 millones y, a diciembre del mismo año, mantiene deudas con proveedores por más de S/ 2,569 millones.
El Decreto de Urgencia habilita una reorganización patrimonial mediante uno o más bloques patrimoniales, que podrán agrupar activos estratégicos —incluida la Nueva Refinería de Talara— y encarga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) la conducción integral del proceso, desde el diseño hasta su implementación, bajo criterios técnicos, de transparencia y eficiencia. Asimismo, faculta la estructuración de mecanismos financieros como fideicomisos de administración, garantía y flujos, a fin de priorizar el pago de pasivos críticos y asegurar la continuidad operativa de la empresa.
Postura de la PCM
Tras la publicación de la norma, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, precisó que la medida no implica la privatización ni la liquidación de Petroperú. “La premisa es que Petroperú debe mantenerse como empresa pública, pero con una gestión eficiente, solvente y transparente”, sostuvo.
Detalló que ProInversión realizará una evaluación técnica, imparcial e integral de las distintas unidades productivas de la empresa, a fin de recomendar las acciones más adecuadas para cada una de ellas, considerando que algunas podrían requerir inversión privada bajo esquemas de asociación público-privada, otras ser liquidadas y otras fortalecidas dentro del ámbito estatal.
Asimismo, el titular de la PCM señaló que se garantizará la continuidad de los servicios públicos que presta Petroperú, el respeto irrestricto de los derechos laborales y la no interrupción de la cadena de pagos. En esa línea, informó que se han destinado recursos públicos para un eventual proceso de reducción y reconversión de personal, el cual será definido exclusivamente con criterios técnicos, garantizando los derechos laborales y evitando decisiones políticas arbitrarias.
Enfoque del MEF
Por su parte, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que el Ejecutivo viene trabajando en este Decreto de Urgencia con el fin de iniciar una reestructuración integral de Petroperú que permita fortalecerla, resguardar la seguridad energética y evitar mayores riesgos fiscales para el país.
“Seguir inyectando recursos públicos para el pago de deudas no es una solución integral ni sostenible. Lo que queremos es iniciar un proceso serio de reestructuración que permita mejorar la empresa y proteger los activos de todos los peruanos”, afirmó la titular del MEF.
Miralles explicó que la reestructuración contempla dos componentes: una reorganización interna orientada a reducir costos y mejorar la eficiencia administrativa, y una reestructuración del negocio que permita evaluar las distintas líneas de actividad de la empresa. “Petroperú tiene activos importantes que pueden ser puestos en valor. Existen mecanismos en los que el Estado no vende, sino que permite que un privado invierta, desarrolle y genere ingresos, reduciendo riesgos financieros y mejorando la gestión, en beneficio del país y todos los peruanos”, precisó.
Posición del Minem
Desde el Ministerio de Energía y Minas, el titular del sector, Luis Bravo, explicó que el Decreto de Urgencia tiene como finalidad reorganizar financiera, organizacional y patrimonialmente a Petroperú para enfrentar de manera responsable la crisis que atraviesa la empresa y preservar su rol estratégico.
“Es una reorganización necesaria para salvarla. Privatizar es vender, reorganizar es ordenar”, enfatizó el ministro, al descartar cualquier proceso de venta o entrega de la empresa estatal.
Bravo señaló que la medida permitirá priorizar la cadena de pagos, dar continuidad a la operatividad de Petroperú y garantizar el abastecimiento de combustibles, particularmente en regiones como Loreto y Ucayali. Asimismo, precisó que los precios de los combustibles no se incrementarán como consecuencia de esta medida y que no existe riesgo de desabastecimiento.
El ministro indicó que el aporte de capital de S/ 240 millones por parte del Minem no constituye un salvataje, sino un apoyo condicionado a una reorganización por etapas, orientada a fortalecer la eficiencia, la transparencia y la calidad del gasto público, protegiendo a los trabajadores, cumpliendo con los proveedores y asegurando que Petroperú continúe siendo una empresa estratégica al servicio del país.
