El director ejecutivo de Videnza y exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, advirtió que las controversias internacionales en curso podrían costarle al Estado peruano más de US$ 6.700 millones, equivalente al 2,3 % del Producto Bruto Interno (PBI) de 2024, en caso de que se pierdan todos los procesos.
En su exposición durante la Cumbre Minera de PERUMIN 37, Castilla precisó que este monto casi se triplicó en los últimos diez años. En 2014, los litigios representaban apenas 0,8 % del PBI, pero desde entonces la cifra se elevó con fuerza, especialmente en 2021, cuando llegaron a registrarse 27 demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Solo ese año, el potencial costo para el Estado habría alcanzado los US$ 7.200 millones, equivalentes al 3,2 % del PBI.
Actualmente, al 2024, existen 24 casos reportados, de los cuales el sector minero-energético concentra la mayor proporción con 11 controversias (46 % del total). Otros sectores involucrados son transportes, construcción y telecomunicaciones.
Castilla consideró que el incremento de estos litigios refleja un serio problema de inseguridad jurídica en el país. “Tenemos que entender las razones detrás de estos casos. Resulta irracional que se cambien las regulaciones y las reglas de juego. La clave está en otorgar condiciones claras y estables para reducir la conflictividad”, enfatizó.
Además, el exministro planteó la necesidad de abrir un debate técnico para mejorar la distribución de los recursos provenientes del canon minero, con el fin de asegurar un uso más eficiente de estos fondos en beneficio de las regiones. No obstante, reconoció que se trata de un tema políticamente sensible y que hoy no cuenta con el consenso necesario para su discusión.
